Multitudinaria e histórica concentración de entidades sociales de Lleida, para denunciar la situación límite en la que se encuentran

04 / 02 / 2019 

Las entidades sociales, sin ánimo de lucro, de la Federación ALLEM y de toda Cataluña viven un momento económicamente muy complicado. Hace diez años que el gobierno recorta la financiación de forma continua y a este gran problema ahora se suma el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Por este motivo, si la administración no se ocupa seriamente de este problema, puede que las entidades tengan que plantearse su cierre.

Ante el caso omiso de la administración a las necesidades y demandas de las entidades catalanas, éstas han iniciado movilizaciones y acciones continuadas de protesta y reivindicación convocadas por la AEES DINCAT (Asociación empresarial de Economía Social Dincat), que agrupa a más de 200 entidades y Centros Especiales de Cataluña.

31 de enero - Lleida

El pasado jueves 31 de enero, la Federación ALLEM convocó una multitudinaria concentración en Lleida, donde estuvieron presentes más de un millar de personas de todas las entidades de la Federació y Salut Mental Catalunya - Terres de Lleida. Se centralizó ante la Delegación del Gobierno y los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas de la ciudad de Lleida para exigir respuestas y soluciones urgentes a los gobiernos. Los lemas principales de la concentración pusieron de manifiesto las reivindicaciones explícitas de los usuarios y trabajadores de las diferentes entidades federadas: 10 años olvidados, 10 años congelados, salvemos los CETS, queremos trabajar, queremos ser visibles, no nos olvidéis, estamos ahogados.

La subida del SMI pone en riesgo 650 puestos de trabajo

La mejora salarial que conlleva el aumento del SMI es muy positiva, pero hay que remarcar que esto supone un gasto anual de 1, 5 millones de euros a las entidades de Lleida. Una cifra a la que no pueden hacer frente los Centros Especiales de Trabajo. Esta medida no estaba prevista y por ello, reclaman a los gobiernos una partida extraordinaria que permita soportar el golpe y evitar la pérdida de los puestos de trabajo.

En Lleida están en peligro 650 puestos de trabajo y en Cataluña más de 9000, a raíz del aumento del SMI. Por este motivo, el apoyo de los gobiernos es básico y fundamental. Se ven afectados varios servicios como el de vivienda, centros ocupacionales, centros de educación especial y centros especiales de trabajo. Concretamente, once entidades con centros especiales de trabajo (CET) de Lleida que ocupan 650 personas con discapacidad, se encuentran al borde del colapso económico a raíz del incremento repentino del 22% en el salario mínimo interprofesional que se aprobó a finales de diciembre pasado y que ya se ha aplicado en la nómina del mes de enero.

Las entidades en la cuerda floja

Todas las entidades valoran muy positivamente el aumento del SMI como una medida necesaria para hacer prevalecer el derecho de las personas a tener un sueldo digno. Pero este punto ha sido la gota que ha colmado el vaso. El sector continúa en una precaria situación financiera. Las entidades se sienten olvidadas y exigen a la administración un incremento de la financiación pública a través de una ayuda extraordinaria temporal, para poder garantizar los pagos y los puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Un colectivo que difícilmente tiene acceso a la empresa ordinaria y al que ahora las administraciones están poniendo en peligro.

Los responsables de las diferentes entidades recuerdan que sus centros no tienen ánimo de lucro y que aparte de fomentar la inserción laboral, ofrecen a la persona acompañamiento a través de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, así como otros servicios de atención que mejoran su calidad de vida. Muchas de estas entidades también son referentes en su territorio, contribuyendo económicamente y dinamizando el tejido social. Esta situación económica no les da margen para repercutir el incremento en los precios de sus productos o servicios, ni pueden aumentar la productividad de los trabajadores, dada su especial situación, y tampoco tienen más margen para reducir gasto, que es mayoritariamente de profesionales de apoyo, partida ya muy ajustada por los diez años de congelación de la financiación pública.

Movilizaciones y primeras reacciones insuficientes

Después de realizar contactos con el Gobierno, partidos políticos y presiones a través de las redes sociales, el Conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, anunció una partida extraordinaria de 7,5 millones de euros. Pero a pesar de que se ha vendido como una solución a los medios de comunicación y que el resto le corresponde aportarlo al gobierno español, este importe es menos del 10% necesario para hacer frente a la subida del 22% que conlleva este aumento del SMI.

AEES Dincat ha redactado un MANIFIESTO en el que se pide a las administraciones locales, entidades y empresas del territorio que se adhieran, para sensibilizar la opinión pública al respecto, y solicitar la activación de un plan de choque, para evitar la desaparición de estos centros, lo que significaría la exclusión social de colectivos muy vulnerables.

La concentración que se realizó en Lleida se suma al resto de movilizaciones que seguirán realizándose por todo el territorio catalán convocadas por AEES Dincat. Se prevé que las entidades se sigan movilizando hasta que se consiga una solución que dé respuesta a la crítica situación de los centros.

Paralelamente, en la Delegación del Gobierno de España y en la Delegación del Gobierno de la Generalidad de Lleida, se expuso el problema principal para intentar conseguir una intermediación efectiva.

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